Amnistía Fiscal... ¿o Amnistía Pirata?

En tiempos de piratas, abordajes y pillajes, los estados de la vieja Europa, con mayores intereses en las florecientes Nuevas Indias Occidentales (América), agobiados por el acoso de sus enemigos y flotas de guerra, en momentos de escasez de oro y falta de navíos para defender sus costas y transportes, solían aplicar lo que se llamaba la Amnistía Pirata, junto con una Patente o Letra de Corso.

Con esto, todos aquellos piratas buscados y perseguidos, a cambio de una módica cantidad dineraria en función de sus delitos y saqueos, eran perdonados y absueltos de estos crímenes, y además con la Patente de Corso, se les daba autorización para saquear y guerrear en nombre del rey que se las concediera, donde los beneficios de los pillajes se repartían entre el patentado y la Corona.

Los tiempos de los corsarios, bucaneros y piratas han ido quedando atrás, y se han ido transformado en auténticos "piratas de cuello blanco", y no nos confundamos, no son los autónomos que dejan de pagar el IVA de alguna que otra factura, estos "piratas" trabajan en grandes rascacielos, y no entierran sus tesoros en islas abandonadas, sino en paraísos fiscales alrededor de todo el globo.

Para colmo de males, el Gobierno Español lanzó en marzo de 2012 una Aministía Fiscal (o pirata) con "Patente de Corso", de tal manera que a cambio de un 10% de las cantidades de dinero oculto o del valor de adquisición de las propiedades que se declaren, obtenidas con "dinero negro" o no declarado, quedarán correctamente legalizadas.

Esta Amnistía Fiscal se establece mediante el Real Decreto Ley 12/2012, publicado en el BOE el pasado 30 de marzo de 2012, con pistoletazo de salida para la presentación de declaraciones desde el 4 de junio de 2012 y dando como fecha límite el 30 de noviembre de 2012, para que los defraudadores mediante los modelos 750, D-750 y 250 (según la naturaleza de los bienes declarados), que pone la AEAT a disposición de estos piratas.

Con esta medida el Ministerio de Hacienda pretende ingresar cerca de 2.500 millones de euros, sin embargo hasta el 27 de junio de 2012 sólo se habían presentado 115 solicitudes, muy lejos del volumen que se tendría que acumular a la fecha para ir en buena línea con el objetivo fijado al cierre de noviembre de 2012.

Este tipo de medidas son del todo injustas y fuertemente reprochables, y sólo tendrían un sentido moralmente aceptable si se tratara de una nación que tuviera un cambio de régimen político, como por ejemplo el paso de una dictadura a democracia. Entre otros aspectos criticables de esta medida, destaquemos:

1. Cuando a cualquier ciudadano con una nómina media de unos 1.000 euros netos mensuales se le retienen entre un 17 y un 19% de sus ingresos, estos defraudadores, se irán de rositas pagando únicamente un 10%, ¿es eso justo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos, por los importes de los que hablamos deberían haber tributado entre 30-35%, en el caso de las empresas, y no menos del 52% en el caso de las personas físicas?

2. El Estado justifica su decisión porque ya lo han hecho otros Gobiernos anteriores y por la necesidad económica del país, sin embargo, ¿por qué no está teniendo éxito? Claramente el defraudador está prefiriendo mantener el dinero oculto hasta que prescriba el hecho imponible que lo generó, de tal manera que el dinero será legalizado con un coste ínfimo, ya que temen que, a pesar de poder acogerse a la medida, su nombre quede marcado y, en cada declaración futura de IVA, IRPF o Sociedades, etc., le realicen inspecciones bajo la sospecha de que "quién hace un cesto hace ciento".

3. Imaginaos a las grandes empresas españolas, las que acumulan un 70% del fraude fiscal de este país, las cuales tienen establecido un gran entramado de empresas fantasma y cuentas opacas en diferentes países definidos como paraísos fiscales, pues bien, si por diferentes motivos se diera a conocer que una de estas grandes empresas se acoge a la Amnistía Fiscal, tendría una repercusión sobre su imagen horrible, por lo que no les vale la pena arriesgarse a ello, y prefieren mantener su patrimonio en la sombra, pues ya tienen los mecanismos para su blanqueo, son auténticos especialistas.

Por consiguiente, no sólo la Amnistía Pirata, perdón, Fiscal, está siendo un fracaso, sino que además ha sido toda una declaración de intenciones acerca de sobre quién va a recaer el mayor esfuerzo económico y social para el saneamiento de las cuentas públicas, lo cual se ha visto claramente en el resto de medidas aprobadas recientemente, como por ejemplo: subidas IRPF con mayor proporción en los tramos medios, durísima reforma laboral para el abaratamiento del despido, subida del IVA, reducción de las prestaciones por desempleo, reducción de sueldos a funcionarios, reducción de prestaciones sociales, sanitarias, educación, etc.

Actualización: 06/12/2012

Finalmente la amnistía fiscal ha sido un fiasco, no llegando a recaudar ni la mitad del objetivo planteado por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se recaudaron 1.191 millones de euros.

Entre otros asuntos el fracaso estriba en que la media de las declaraciones presentadas es de unos 37.000 euros, lo que viene a ser importes de poco calado, cuando se estima que el fraude fiscal en este país ronda los 25 mil millones de euros al año, y que está concentrado en un 70-75% en las grandes corporaciones, que evaden al fisco español y que al no sentir la presión de las autoridades, no tienen la necesidad de desmontar sus entramados de evasión de impuestos para acudir a una amnistía fiscal, ya que prefieren seguir evadiendo a costes despreciables que pagar un 10%.

Mr. Fahrenheit

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